Tras
el fracaso político que experimentó España durante el lapso de la I República,
la Restauración borbónica tuvo como prioridad reconstruir y reconciliar las
formaciones políticas. Alfonso XII adoptó la imagen de rey-soldado, pero a la
vez, apareció como figura apaciguadora que garantizaba la estabilidad y la
<autoridad> ante los incesantes desórdenes. La España de la Restauración
nace a consecuencia de la proclamación militar de Martínez Campos en Sagunto,
por lo que alejada del convencionalismo político europeo, España, se remodeló a
lo largo del siglo XIX a través de una proyección militarista donde los
pronunciamientos militares, eran el medio por el cual se substituía a la
elecciones como mecanismo de cambio político. Para Cánovas del Castillo situar
el conservadurismo tradicional en el marco del liberalismo y de la
modernización en vista al exterior, planteaba regir un modelo bien edificado,
pero parcial y sesgado referente al civilismo que reinaba en las estructuras de
otros estados de Europa. Consideró instaurar principios liberales así como lo
permitiesen las circunstancias del país, construyendo de manera tenaz un
proyecto político enmascarándolo bajo una imagen civilista.
La
tendencia que mejor esboza la estructura y organización de los partidos dinásticos
durante la Restauración pertenece al politólogo Maurice Duverger. Denominó a
los partidos dinásticos como Partidos de
Cuadros, que trataban de reunir a un conjunto de notables y controlar las
elecciones con una gran red de clientela. Para comprender la organización de
los partidos dinásticos en varias ocasiones se les ha definido como partidos
descentralizados. Al establecer una maquinaria electoral que se prolongase a la
totalidad del estado, hizo que los partidos dinásticos tuvieran que articularse
sobre élites locales. El resultado de dicho procedimiento nos rebela un sistema
piramidal con fases discontinuas. La base de dicha pirámide era orquestada por
organizaciones locales adheridas a un cacique local de partido. El vértice
intermedio de dicho sistema estaba configurado por una cadena de mando
representada por las organizaciones locales y organizaciones provinciales. La
figura del cacique actuaba como mediador entre un estado poco desarrollado y un
pueblo fácilmente manipulable ya que no tenía acceso a los servicios de
administración. A tales efectos, el cacique podía controlar la política de su
territorio y crear efectivas clientelas para poder trabajar para el partido. El
caciquismo y la red clientelar formaron un arraigo local que sería la base de
un nexo vertical con el poder de la Gobernación.
De vital importancia para Cánovas del Castillo, fue la de aglutinar en dos grandes bloques el consenso del poder y la reconciliación de los fragmentos políticos. Tras la Constitución de 1876, comenzó un período: 1875-1885, en que los dos bloques asumieron a los partidos independientes. La tarea más compleja la asumió Práxedes Mateo Sagasta, líder del Partido Liberal Fusionista, a la hora de aglutinar a progresistas y republicanos moderados, proceso que no estuvo exento de vicisitudes y roturas. Cánovas del Castillo apreció rápidamente la manera de consolidar y defender la monarquía parlamentaria española, y el reflejo de semejante tarea lo observó en el bipartidismo inglés, modelo del cual se consideró fiel defensor. En vísperas de la muerte de Alfonso XII, se propuso reforzar dicho bipartidismo para dotar al régimen de estabilidad, ante una posible ola de republicanismo exacerbado. “El Pacto del Pardo, no fue un arreglo secreto entre ambos dirigentes para implantar a perpetuidad la alternancia tramada entre ellos, pues el turno pacífico estaba ya implícito en la designación de Sagasta por el rey en 1881”[1]. El fenómeno del <turnismo> iba considerablemente más allá de los pactos que establecían los partidos dinásticos. El rey de España, al asumir el poder ejecutivo y legislativo mantenía una cosoberanía dejándole en una posición superior respecto a las Cortes en el marco de la Monarquía Parlamentaria. Esta posición superior por parte del monarca se le denominó prerrogativa regia, donde el rey y los edificantes de la Constitución de 1876 se aseguraban del correcto funcionamiento del estado parlamentario. Podían nombrarse o destituirse jefes de gobierno al interés oligárquico, donde estos, habiendo sido elegidos como partido de turno, realizaban su nuevo gobierno con la aquiescencia de las élites. Éste procedimiento descrito constituyó el marco legal del período conocido como <turnismo pacífico>, un bipartidismo que como mecanismo político utilizaba la manipulación electoral para conseguir mayorías holgadas, donde su propia composición y estructura hacia posible el proceso. La manipulación de las elecciones consistía en el beneplácito gubernamental del “encasillado”, un pacto entre los partidos referenciales donde se establecían la zona de influencia. El procedimiento demarcaba la esencia del modelo oligarca y caciquil, donde se empleaban elementos de jerarquía y control como la intervención de los notables u oligarcas, seguidos por el cacique, que versaba sobre la región un férreo registro, y el gobernador civil, que servía de enlace de comunicación con el Ministro de Gobernación, encargándose de adaptar a los postulantes con el distrito o región pactado. “Se trataba más bien de construcciones artificiales desde arriba, que se mantenían juntas por la distribución del patronaje gubernamental y subordinadas a sus mayorías en las Cortes según el manejo electoral del ministro de la Gobernación”. [2] El “cunero” fue otro término propio del sistema de partidos y amaños electorales de la Restauración. El “cunero” era el candidato por excelencia del gobierno, un peón del sistema que era trasladado y <colocado> en un distrito o región sin tener nada que ver con su procedencia de origen. La metodología del fraude electoral era efectuada con el método del “pucherazo”, una forma de violencia coaccionaría infringida a otros candidatos y a los representantes de la mesa electoral. Las personas que se dedicaban al “pucherazo” eran conocidos como “embolados” o “micos”, representantes de la jerarquía caciquil que sustituían a los electores o directamente dirigían una actividad en la compra de votos. El sistema de partidos dejaba pequeños matices para poder diferenciarse entre ellos, más allá de su composición la ideología importaba poco, sino eran más que un conjunto de clientelas dispuestas a garantizar el modelo de gobierno del cacique-jefe, que no era ni más ni menos que el jefe del partido. Según la relación que se establecía entre el parlamentario, la región y la Gobernación del Estado en el período electoral, los distritos para “encasillar” a los diputados se dividían en “mostrencos”, “propios” y “ciudadanos”. Los territorios “mostrencos” referían absoluta disponibilidad, los partidos no encontraban ninguna oposición para imponer a su candidato, la situación se debía a la baja o inexistente movilización política. Los territorios “propios” podía darse la situación de atisbar como un diputado permanecía en el cargo durante varias legislaturas, reiterando en cada período su acta política. También eran considerados “propios” aquellos territorios liderados por un jefe de fracción, cuya influencia exponía al sistema a un conjunto de amigos y clientes. Por último, los territorios “ciudadanos” referían mayor dificultad para proceder al fraude y a la corrupción electoral. Dicha oposición se reflejaba en la observación de una gran movilización política, atenta y cohesionada ante los movimientos de las élites. Sin tener una gran proyección, pero sí, tendencias al alza espontáneas, durante los primeros años del siglo XX, los territorios “ciudadanos” se multiplicaron por el territorio español aunque la Gobernación viendo la espontánea movilización urbana, comenzó a controlar con más determinación las poblaciones rurales cercanas a las grandes zonas de “ciudadanos”. Los territorios “propios” crecieron en número desde 1914 a 1923, nació una opinión social que rechazaba el intrusismo del “cunero” a causa de no tener vínculos con el lugar, y además se ponía en duda si los intereses del adjudicado iba en relación con los intereses municipales y locales. “En este contexto debe entenderse el grito de guerra de Juan de la Cierva: Murcia para los murcianos.” [3]
Con
la instauración del sufragio universal a partir de 1890, se vio reforzado el
vínculo entre el diputado y la región, donde el voto pasó a tener un valor
superior y determinante. Al haber una actividad electoral más activa y
numerosa, la cantidad electoral podía engrosar el destino político de un
colectivo, cuyos diputados comprendieron rápidamente la necesidad de
comprometer sus intereses junto al de los ciudadanos. Esta nueva relación con
el electorado se basó en aumentar las promesas políticas y las concesiones
produciendo nuevamente redes de clientes, que garantizarían su representación
de forma continua. Era vital mantener el prestigio social y un carisma
victoriano, acompañándose de un sentimiento paternalista con el pueblo, otorgándoles como fuese posible
alguna mejoría urbana y de transporte, mientras el diputado alargaba las
prolongaciones de la red de clientes hacia los favores públicos, individuales y
colectivos. Los sectores agrarios e industriales jugaron un papel muy
importante con la entrada del sufragio universal. La relación entre diputado y
empresario agrario o industrial se hizo más firme y patente. El diputado
otorgaba al empresario un acercamiento hacia los centros donde se tomaban
decisiones políticas, y en favor del diputado, el empresario ofrecía en su
entorno una gran influencia electoral para la fracción de turno.
El empleo caciquil en España tuvo un propósito bien definido, garantizar un sistema bipartidista de partidos alfonsinos que pudieran sostener el edificio de la Restauración.
[1] Marín, J. (1993). Espacio, Tiempo y Forma, El Partido Liberal
en la crisis de la Restauración, Hª
Contemporánea, 6, pag267-296. Recuperado en:
http://espacio.uned.es/fez/eserv.php?pid=bibliuned:ETFSerieV-A01C2009-45D7-880F-97B7-F92F3A5C07E4&dsID=Documento.pdf
[2] Carr, R. (2003). España: de la Restauración a la democracia,
1875-1980, pag29, (8ªEd).Editorial Ariel. Barcelona.
[3] Martorell, M. […] Gobiernos, mayorías parlamentarias y
representación de intereses en la crisis de la Restauración, pag96.
Recuperado: http://www.ucm.es/data/cont/docs/297-2013-07-29-2-96_vol2_MML.pdf
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